La Fiscalía General del Estado presentó este domingo nuevos elementos de prueba en el Caso Laberinto, una investigación que indaga sobre operaciones de lavado de activos presuntamente vinculadas con la financiación de la campaña presidencial de Luisa González en 2023. Entre los documentos expuestos constan intercambios de mensajes, cheques y proformas que la institución analiza para establecer conexiones entre operaciones financieras, empresas y personas del entorno investigado.
Los chats divulgados por el Ministerio Público contienen referencias específicas a montos destinados a gastos electorales. En una conversación examinada, uno de los participantes menciona: "300.000 máximo entre brigadistas y rubros de camisetas". La Fiscalía investiga si esta cifra está asociada directamente con desembolsos de la campaña objeto de investigación. Asimismo, documentos incluyen una proforma por USD 5.600 para impresión de cuestionarios, con referencias que podrían conectarla al entorno empresarial investigado.
Según la hipótesis fiscal, parte de los recursos habrían sido canalizados a través de Ternape Petroleum S.A., una empresa vinculada al entorno empresarial de Aquiles A. La investigación analiza si posibles pagos para la campaña se realizaron mediante esta estructura empresarial. También constan en los documentos divulgados conversaciones de agosto de 2023 sobre cheques que no pudieron cobrarse, con menciones a intentos de efectivizar pagos a través de terceros o personas del "Muni".
Los intercambios de mensajes atribuidos a Wendy O. y J. R. C. A. revelan dificultades en la gestión de cheques devueltos, coordinaciones para cobros en agencias bancarias y entregas de nuevos instrumentos de pago que enfrentaron obstáculos para hacerse efectivos. Estos registros conforman parte de la evidencia que la Fiscalía analiza para reconstruir el flujo de recursos y establecer posibles responsabilidades individuales en las operaciones investigadas.
La investigación se concentra en operaciones efectuadas entre mayo y agosto de 2023, período crítico de la campaña presidencial. Según el Ministerio Público, se habría movilizado aproximadamente USD 500.000 sin transparencia sobre el origen de los fondos ni la identidad de los aportantes. La institución sostiene que parte del dinero podría provenir de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Cuatro personas enfrentan proceso penal por su presunta participación en los hechos investigados. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para tres de ellas, argumentando que existe riesgo procesal y considerando la pena prevista para el delito de lavado de activos, que oscila entre 10 y 13 años de prisión. Los dispositivos de vigilancia electrónica fueron considerados insuficientes para garantizar la comparecencia de los investigados.
El caso continúa en fase de investigación, con el objetivo de determinar con precisión el origen y destino final de los recursos, así como esclarecer las responsabilidades individuales de cada uno de los investigados. La Fiscalía mantiene activas las diligencias para fortalecer su teoría del caso y establecer los vínculos directos entre las operaciones financieras y la campaña presidencial investigada.