Un camión repartidor de gas fue atacado con explosivos el sábado 31 de octubre en Puerto Bolívar, parroquia de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro. Según información de la Policía, sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo, obligaron al conductor a descender y colocaron artefactos explosivos en la cabina del camión. La onda explosiva causó daños severos en la estructura del vehículo.
Los daños fueron considerables: la carrocería del camión quedó completamente destruida por el impacto de la explosión. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni fallecidas en el incidente. Las autoridades continúan investigando los detalles del ataque y las circunstancias en que ocurrió.
La zona donde sucedió el ataque es considerada un punto crítico de conflictividad en Puerto Bolívar. Según reportes, el área registra disputas constantes entre las organizaciones delictivas Los Lobos y Sao Box, que pugnan por el control territorial y las actividades ilícitas en la región. Este contexto de violencia criminal es determinante para entender la naturaleza del atentado.
Con el objetivo de esclarecer los hechos, el Gobierno activó el Plan 131 de Recompensas, ofreciendo incentivos económicos a personas que proporcionen información sobre los responsables del ataque. La iniciativa permite reportar de forma anónima a través del teléfono gratuito 131 o por correo electrónico a informa@recompensas131.org. Las autoridades garantizan confidencialidad absoluta en todos los reportes recibidos.
El incidente ocurrió pocas horas antes de que entrara en vigencia un nuevo toque de queda en cinco provincias del país, incluyendo El Oro. Esta medida restrictiva comenzó el 1 de noviembre y se mantendrá hasta el 10 del mismo mes, con horario de restricción de 00h00 a 5h00. La implementación coincide con un período de intensificación de actos violentos en varias regiones ecuatorianas.
El ataque contra infraestructura civil destaca la vulnerabilidad de trabajadores esenciales en zonas afectadas por conflictos de crimen organizado. Los repartidores de gas y otros proveedores de servicios enfrentan riesgos significativos al circular por áreas donde operan grupos delictivos en competencia. Este tipo de ataques refleja el nivel de criminalidad que enfrenta la región y la necesidad de reforzar medidas de seguridad.