El presidente Daniel Noboa manifestó estar analizando un esquema de alivio tributario dirigido a las industrias que acataron las desconexiones eléctricas de hasta tres días implementadas por el Gobierno para prevenir apagones masivos en Ecuador. La propuesta busca reconocer la solidaridad empresarial durante una crisis energética que afectó principalmente a los sectores de alto y mediano voltaje.
En una entrevista radiofónica, Noboa criticó las sugerencias de gremios de ingenieros eléctricos que planteaban cortes de solo tres horas, considerando que esa medida no habría sido suficiente. El mandatario enfatizó que las desconexiones más prolongadas fueron necesarias debido a las críticas condiciones hidrológicas de los embalses principales, en particular la caída del reservorio Mazar, el más importante del país.
El Gobierno había informado a las industrias hace 18 meses que debían alcanzar el 30% de autogeneración eléctrica para garantizar el suministro en hogares. Según el presidente, la mayoría de empresas cumplió efectivamente con esta exigencia, lo que permitió sostener el servicio básico a la población durante la crisis. Esta preparación previa fue determinante para evitar situaciones más críticas.
Noboa aclaró que aunque legalmente las empresas tenían la obligación de cumplir, el Gobierno desea expresar su agradecimiento mediante beneficios tributarios. "No debería haber un premio por cumplir la ley, pero lo haremos como una manera de agradecer por la solidaridad", señaló, dejando abierta la posibilidad de aplicar sanciones a quienes no acataron las medidas.
Según el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, la administración trabaja en un "paquete sostenible de alivio financiero" que será anunciado próximamente. El objetivo es permitir que las industrias recuperen su capacidad productiva mientras se normalizan las condiciones del sistema eléctrico nacional.
Los cortes de energía comenzaron a principios de octubre y evolucionaron en intensidad y duración. Inicialmente afectaban solo a empresas de alto voltaje, pero posteriormente se extendieron a mediano voltaje, llegando incluso a 72 horas en algunos casos. Gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura y el Comité Empresarial Ecuatoriano denunciaron que la medida asfixiaba las operaciones y generaba riesgo en miles de empleos.
La crisis energética refleja las dificultades estructurales del país para mantener la generación hidroeléctrica en sequías y la dependencia de combustible para plantas térmicas. Aunque el Gobierno busca aumentar la disponibilidad de energía en las próximas semanas, el impacto en la producción industrial y el empleo permanece como una preocupación central para los sectores empresariales ecuatorianos.