El 'Operativo Marea' ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía dejó al descubierto presuntas irregularidades en la administración municipal de Playas. Según reveló el ministro del Interior, John Reimberg, los allanamientos realizados en domicilios, vehículos e instalaciones municipales arrojaron hallazgos significativos que alimentan una investigación iniciada en junio sobre posible peculado y mal manejo de recursos públicos.
Durante las intervenciones, las autoridades incautaron aproximadamente USD 15.000 en efectivo, documentos presuntamente ocultos y dispositivos electrónicos en poder del alcalde Gabriel Balladares. Estos elementos serán analizados bajo cadena de custodia. La investigación se sustenta en un informe de auditoría que identificó pagos por obras no ejecutadas, diferencias en cantidades contratadas y modificaciones contractuales irregulares que habrían generado un perjuicio económico de USD 520.865.
Un aspecto central que aclaró Reimberg fue la situación jurídica del alcalde Balladares, quien además es candidato para las elecciones municipales de noviembre de 2026. El ministro explicó que el funcionario goza de inmunidad por su condición de candidato, lo que impide su detención y procesamiento en este momento, aunque deberá responder ante la justicia cuando corresponda.
El operativo abarcó seis allanamientos en distintos inmuebles y derivó en órdenes de detención con fines investigativos contra dos personas: un funcionario público y un exfuncionario municipal. La Fiscalía continúa recopilando elementos de prueba para fortalecer la investigación por presuntas anomalías administrativas y financieras.
Reimberg advirtió que estas investigaciones no se limitan al municipio de Playas. Las autoridades también cumplen diligencias en gobiernos locales de Naranjal y Vinces por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. En Vinces, el alcalde Juan Alfonso Montalván fue detenido y recibió prisión preventiva por lavado de activos en el operativo 'Gran Fénix 066'.
En el caso de Naranjal, el ministro mencionó investigaciones sobre nexos con bandas criminales y denuncias de amenazas. Estas acciones ocurren en un contexto de mayor escrutinio sobre la gestión municipal en la provincia del Guayas, donde presuntamente se habrían documentado esquemas de corrupción que perjudicaron los fondos públicos destinados a obras y servicios.
La investigación continúa en fase de recopilación de pruebas. Los documentos, dispositivos de almacenamiento y dinero incautados serán sometidos a análisis forense. Las autoridades buscan esclarecer la cadena de responsabilidades en las presuntas irregularidades contractuales y determinar si hubo participación de otros funcionarios en el desvío de recursos municipales.