Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha en Morona Santiago, fue condenado nuevamente esta semana a 17 años y cuatro meses de prisión por el delito de peculado. La sentencia representa su segunda condena en menos de cuatro meses, consolidando un patrón de irregularidades durante su gestión. La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado también declaró culpables a otros cuatro funcionarios públicos y un contratista por su participación en el mismo caso.
El caso se centra en la contratación fraudulenta de una obra vial ocurrida en febrero de 2018. Según la investigación, Ayuy y otros funcionarios suscribieron un contrato valorado en más de USD 78.000 para ejecutar trabajos de apertura y lastrado de vía hacia una infraestructura hidráulica, a pesar de que estos trabajos ya habían sido completados. La Fiscalía demostró que en junio de 2018, Ayuy autorizó el pago correspondiente basándose en documentación presentada por los funcionarios, consolidando así el desvío de recursos públicos.
Junto a Ayuy fueron condenados el exalcalde subrogante Atsamp Mario T., el exdirector de Obras Públicas Everly Leonardo S., el exfuncionario municipal Nivaldo Leodán A., y el contratista Víctor Hugo T. Todos recibieron idéntica sentencia privativa de libertad. Adicionalmente, el tribunal ordenó el pago de USD 87.953,79 en reparación integral a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Taisha, reconociendo así el daño económico causado a la institución.
La investigación se originó tras un informe de la Contraloría General del Estado que identificó indicios de responsabilidad penal. Durante el juicio, la fiscal provincial Anita Madero presentó 32 elementos probatorios sólidos, entre ellos declaraciones de 12 testigos y peritos especializados, así como 20 pruebas documentales que incluían expedientes de contratación, libros de obra y movimientos bancarios. Esta acumulación de evidencia demostró claramente el esquema de fraude ejecutado.
Esta condena se suma a una sentencia previa de siete años de prisión que Ayuy recibió en julio de 2026 por enriquecimiento ilícito. En esa ocasión, los jueces determinaron que registró un incremento patrimonial injustificado de USD 312.958,46 durante su administración. El exalcalde no justificó cómo adquirió un vehículo, un inmueble y realizó pagos de deudas que excedían significativamente sus ingresos oficiales declarados.
En la sentencia por enriquecimiento ilícito, además de la privación de libertad, se ordenó la pérdida de derechos políticos del exfuncionario y su interdicción durante el cumplimiento de la pena. Asimismo, se le impuso una multa de USD 6.800, equivalente a 20 salarios básicos unificados de 2014. Estos antecedentes evidencian un patrón sistemático de corrupción que abarcó tanto el desvío de recursos como el enriquecimiento personal indebido durante su gestión municipal.
La acumulación de estas dos condenas en menos de cuatro meses marca un precedente importante en la persecución de la corrupción a nivel municipal en Ecuador. Los casos documentan cómo funcionarios públicos locales utilizaron mecanismos de contratación pública para beneficiarse personalmente, vulnerando la administración de recursos destinados al desarrollo de infraestructura en zonas rurales como Taisha.