La Fiscalía ejecutó la mañana del viernes 30 de octubre una serie de allanamientos en dependencias estatales y el domicilio de un exfuncionario en Guayaquil. La operación responde a la investigación de un presunto delito de peculado, según informó el organismo persecutor. Los procedimientos se realizaron con carácter de urgencia para preservar y recopilar evidencia documental antes de la formalización de una investigación previa.
Las diligencias abarcaron múltiples puntos de intervención en la ciudad. Se registraron las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad ubicadas en el sector de Los Ceibos, así como el Departamento de Revisión Técnica Vehicular que funciona en las instalaciones de la Terminal Terrestre. Además, los fiscales accedieron a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guayaquil para asegurar documentación relevante.
En paralelo a las actuaciones en dependencias públicas, las autoridades también allanaron el domicilio de un exfuncionario municipal ubicado en la vía a Samborondón. Este domicilio fue intervenido con el propósito de recolectar indicios documentales adicionales que pudieran vincularse con la investigación en curso sobre la presunta malversación de fondos.
El caso se enmarca en una serie de operativos que vienen realizándose en contra de servidores públicos. Recientemente, la Fiscalía ejecutó una operación similar denominada 'Operativo Marea' en el domicilio del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, también por presunto peculado. Estos procedimientos demuestran una intensificación de controles sobre la gestión de recursos públicos.
Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación en desarrollo sin revelar mayores detalles sobre los montos presumiblemente malversados ni los nombres de los implicados. La Fiscalía continuará recabando pruebas para determinar si existe responsabilidad penal en los funcionarios investigados. Se espera que en próximas horas se emita un comunicado oficial con más información sobre los hallazgos.
Este tipo de investigaciones forman parte de los esfuerzos institucionales por combatir la corrupción en la administración pública ecuatoriana. Las autoridades advierten que continuarán con operativos de fiscalización dirigidos a esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales en diferentes niveles de gobierno.