El Pleno de la Asamblea Nacional se reunió el martes 13 de octubre para revisar el informe de sustanciación del juicio político contra David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión de Fiscalización recomendó su censura, considerando que existen suficientes pruebas de cargo que sustentan la acusación por presunto incumplimiento de funciones.
Según el análisis de la mesa legislativa, Rosero habría incurrido en una prohibición establecida en la Ley Orgánica del CPCCS al intervenir en asuntos con conflicto de intereses. El informe señala que el consejero mantuvo interacciones no transparentadas con la postulante Inés Maritza Romero Estévez, mientras ejercía su poder decisorio en el Pleno mediante votaciones de reglamentos, designación de delegados y participación en sesiones sobre admisibilidad y méritos.
La acusación fue presentada por el asambleísta Sergio Peña, alineado con Acción Democrática Nacional (ADN). Los investigadores concluyeron que la actuación de Rosero vulneró directamente los principios de independencia y transparencia que establece la ley para quienes ocupan cargos de control social.
Durante su intervención, Rosero rechazó categóricamente las acusaciones y negó haberse reunido con Romero, asegurando estar en Guayaquil en la fecha del supuesto encuentro. El consejero cuestionó la validez de las pruebas fotográficas presentadas, argumentando que carecen de trazabilidad, metadatos y cadena de custodia, e incluso sugirió que podrían ser generadas con inteligencia artificial.
El vocal del CPCCS exigió que se presenten evidencias verificables con detalles específicos sobre las circunstancias del encuentro. Rosero enfatizó que las imágenes sin origen comprobable no pueden fundamentar un juicio político tan severo como la destitución de un funcionario.
El partido oficialista ADN anunció que respaldará la censura y cuenta con los votos suficientes para lograr la destitución del consejero. Mientras tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana indicó que se abstendrá de la votación, sin tomar posición clara sobre el tema.
Este caso refleja una creciente tensión en los órganos de control social, donde se cuestionan tanto los procedimientos como las pruebas utilizadas en juicios políticos. La decisión de la Asamblea no solo determinará el futuro de Rosero, sino que también sentará precedentes sobre los estándares de evidencia en este tipo de procesos.