El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la censura y destitución de David Rosero Minda, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una votación que alcanzó 84 votos a favor. La decisión se adoptó tras un juicio político por presunto incumplimiento de funciones, iniciado por el asambleísta Sergio Peña, representante del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional.
Según el informe de la Comisión de Fiscalización, Rosero habría violado disposiciones de la ley orgánica del CPCCS al participar en decisiones relacionadas con el concurso para designar al fiscal general, pese a tener conflictos de interés. La comisión concluyó que el consejero intervino en votaciones clave, incluyendo aprobación de reglamentos, designación de delegados técnicos y evaluaciones de admisibilidad y méritos del proceso de selección.
El centro de la acusación se enfocó en una presunta reunión entre Rosero y la candidata a fiscal Inés Maritza Romero Estévez, mientras el funcionario participaba activamente en decisiones sobre el concurso. Los investigadores argumentaron que estas actuaciones comprometieron los principios fundamentales de independencia, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar al organismo de control ciudadano.
Durante su comparecencia ante el legislativo, Rosero negó categóricamente los cargos en su contra. Aseguró no haber mantenido encuentros con la candidata y rechazó la existencia de conflicto de intereses. Argumentó además que en la fecha del supuesto encuentro se hallaba en Guayaquil, por lo que solicitó que se presentaran pruebas verificables sobre lugar, hora y circunstancias del encuentro.
La defensa del exconsejero cuestionó especialmente las fotografías que sustentaban la acusación, señalando que carecían de trazabilidad, metadatos y cadena de custodia. Incluso planteó la posibilidad de que las imágenes hubieran sido alteradas mediante inteligencia artificial, un argumento que no fue considerado por la mayoría del Pleno.
A pesar de la defensa presentada por Rosero, la mayoría legislativa respaldó la moción impulsada por el asambleísta Peña. La votación refleja la presión política que enfrenta el CPCCS, organismo que también fue protagonista en el controversial proceso de selección del nuevo fiscal general, donde varias candidatas fueron descalificadas.
Este caso se suma a otros cuestionamientos sobre la transparencia en el concurso fiscal, que generó polémica tras la exclusión de candidatas destacadas como Daniella Camacho. La destitución de Rosero marca un punto de quiebre en la composición del CPCCS y abre interrogantes sobre cómo continuará el organismo en sus funciones de control y participación ciudadana.