El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 29 de octubre un informe de fiscalización que examina presuntos casos de tercerización e intermediación laboral en gobiernos autónomos descentralizados municipales. El documento se centra especialmente en la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP), donde se han identificado posibles irregularidades en los mecanismos de contratación indirecta utilizados durante años.
Eckenner Recalde, ponente del informe y legislador por el partido ADN, explicó que la Comisión del Derecho al Trabajo recopiló testimonios desde junio de 2026 de trabajadores, autoridades y especialistas. Estos relatos documentaron presuntas prácticas de tercerización que habrían afectado directamente a empleados de la empresa de aseo cuencana, generando preocupaciones sobre la vulnerabilidad contractual de estos servidores.
Durante el debate, el legislador oficialista Anthony Becerra denunció la imposición de multas a trabajadores encargados de la recolección de basura y criticó duramente la falta de estabilidad laboral. Señaló que existen empleados que llevan entre 15 y 24 años bajo esta modalidad de contratación precaria, viéndose obligados a negociar su renovación cada vez que vence un contrato sin garantía de continuidad.
El informe identifica indicios de incumplimientos laborales y de seguridad social, además de posibles mecanismos de tercerización en actividades propias de EMAC EP. También menciona posibles vínculos familiares y societarios entre contratistas, y señala debilidades significativas en los procesos de contratación y supervisión contractual que habrían permitido estas prácticas.
La resolución ordena remitir el informe a instituciones competentes incluyendo el Concejo Cantonal de Cuenca, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General y el IESS. También recibirán el documento el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Contratación Pública y otras superintendencias para que actúen dentro de sus atribuciones.
Las entidades receptoras tendrán la responsabilidad de investigar y actuar sobre los hallazgos del informe. El proceso busca esclarecer si ha habido violaciones a la normativa laboral y de seguridad social, así como determinar posibles responsabilidades administrativas o penales en los casos identificados.
Este documento representa un paso importante en la fiscalización de prácticas laborales en gobiernos locales y busca proteger los derechos de trabajadores que han permanecido en situaciones de precariedad contractual durante décadas sin acceso a beneficios y garantías que corresponden a empleados con relaciones laborales formales.