Jaime Estrada, postulante a la Prefectura de Manabí por el movimiento Sí Podemos, presentó denuncias públicas contra el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), alegando que busca impedir su participación en los próximos comicios seccionales. Mediante videos difundidos en redes sociales, Estrada sostuvo que enfrenta una presunta estrategia orquestada para bloquear su candidatura y sus recursos financieros, medidas que calificó como ilegales y amedrentadoras.
Según relató el candidato, la notificación de una objeción en su contra fue entregada de manera extemporánea. Conforme a los plazos establecidos, ADN contaba hasta el 27 de agosto para presentar impugnaciones, y la notificación debía efectuarse al día siguiente. Sin embargo, Estrada aseguró que recibió la notificación el 29 de agosto, fuera del cronograma legal. Posteriormente, un documento del organismo electoral reconoció que se cometió un "error involuntario y una omisión material" en la gestión de la notificación.
Ante esta irregularidad, la Junta Provincial Electoral de Manabí rechazó por unanimidad la objeción presentada por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y representante de ADN. Una evaluación jurídica determinó que la demora en la notificación dejó sin validez el procedimiento, por lo que la candidatura de Estrada fue oficialmente calificada. No obstante, el aspirante indicó que el movimiento gobernante continuó impugnando su postulación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estrada se perfila como una alternativa al correísmo tras los obstáculos que enfrenta la candidatura de Luisa González, auspiciada por Pachakutik y enfrentada a impedimentos legales. Su postulación por Sí Podemos ha sido interpretada como un respaldo implícito de sectores vinculados al anterior gobierno de Rafael Correa, generando controversia política en la provincia de Manabí.
Además de las impugnaciones, Estrada denunció el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de una estrategia de amedrentamiento. Calificó la medida como discriminatoria e ilegítima, argumentando que busca obligarlo a desistir de su derecho constitucional a participar en las elecciones. El candidato interpretó estas acciones como una persecución coordinada del Gobierno para eliminar candidaturas críticas o alternativas.
El caso refleja tensiones crecientes en el proceso electoral ecuatoriano previo a los comicios seccionales, donde han surgido múltiples denuncias sobre irregularidades procedimentales y decisiones que favorecen al movimiento oficialista. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupación por la suspensión de partidos y medidas restrictivas implementadas antes de estas elecciones.
La controversia se suma a una serie de conflictos judicales y administrativos que han marcado el ciclo electoral ecuatoriano, cuestionando la independencia de las instituciones electorales y la igualdad de condiciones para los diferentes candidatos y movimientos políticos en competencia.