La investigación del homicidio de Fernando Villavicencio alcanza una etapa crucial con la audiencia preparatoria de juicio, donde la Fiscalía ha presentado su acusación contra siete personas señaladas como autores intelectuales del crimen cometido el 9 de agosto de 2023. Según la fiscal Ana Hidalgo, el caso incluye no solo la planificación desde 2022, sino también estrategias deliberadas para obstaculizar el proceso judicial mediante la corrupción de testigos. El informe final de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía documenta varios intentos de comprometer a declarantes clave, incluyendo ofertas de dinero y residencia en el extranjero.
Entre los procesados están el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, identificados como cerebros financistas y enlaces del crimen. También se acusa a líderes de la banda Los Lobos quienes habrían proporcionado armas y logística a sicarios colombianos por un millón de dólares. Un expolicía llamado Ronald Herrera, quien temía ser asesinado en prisión, mantuvo su testimonio sobre la coordinación de seguimientos a Villavicencio y describió cómo fue contactado para cambiar su versión a cambio de dinero, un ofrecimiento que rechazó.
El expediente revela intentos coordinados para debilitar la acusación, incluyendo una reunión del correísmo donde Rafael Correa y otros dirigentes buscaban estrategias para desacreditar la investigación. Marcelo Lasso Saavedra, testigo clave inicial, cambió radicalmente su versión desde Bolivia acusando a la exfiscal Diana Salazar de presión, mientras que alias 'Pipo', líder de Los Lobos, responsabilizó al actual presidente Daniel Noboa. Los acusados niegan los cargos y denuncian persecución política, argumentando que las pruebas electrónicas no demuestran su culpabilidad.
El proceso enfrenta dilaciones y complicaciones adicionales: algunos testigos fueron trasladados a diferentes cárceles por temor a represalias, las hijas del excandidato recibieron amenazas tras el informe judicial y se investiga posible fraude procesal. La defensa de los procesados presenta contra-argumentos sobre fechas de conocimiento mutuo y cuestiona la autenticidad de las comunicaciones presentadas como prueba. El tribunal debe determinar si la acusación fiscal es suficientemente fundamentada para proceder a juicio contra todos o algunos de los implicados.