La CIDH emitió un comunicado en el que instó al gobierno ecuatoriano a asegurar que el proceso electoral de noviembre se realice en condiciones de participación política equitativa. Esta intervención del organismo responde a una serie de medidas que han afectado la capacidad de competencia de diversas agrupaciones políticas en el país.
Entre las acciones que generaron preocupación en la comisión figuran el adelanto de las elecciones originalmente programadas para febrero de 2027, la suspensión de nueve meses de la Revolución Ciudadana, la eliminación de los movimientos Construye y Unidad Popular, y la suspensión del movimiento Amigo. Estas decisiones redujeron drásticamente los tiempos disponibles para las campañas internas y la inscripción de candidatos.
La CIDH enfatizó que cualquier restricción electoral debe cumplir con garantías de debido proceso, motivación clara y acceso a recursos judiciales efectivos. El organismo subrayó que los derechos políticos, incluido el derecho a participar en contiendas electorales, son fundamentales conforme a los tratados interamericanos de derechos humanos.
Adicionalmente, la comisión exhortó a resolver con rapidez los recursos pendientes ante tribunales electorales y constitucionales, además de garantizar acceso a información pública clara sobre los procedimientos y plazos electorales. La OEA confirmó que desplegará una misión de observación electoral en Ecuador durante los comicios.