El concejal metropolitano de Quito Michael Aulestia presentó denuncias sobre presuntas anomalías en procesos de contratación pública que alcanzarían aproximadamente USD 65 millones e involucrarían a funcionarios cercanos a la administración del alcalde Pabel Muñoz. Las declaraciones se produjeron el miércoles 21 de octubre, en medio de operativos de allanamiento ejecutados por la Fiscalía General del Estado en dependencias municipales, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Según Aulestia, sus conclusiones provienen de labores de fiscalización realizadas desde el Concejo Metropolitano. El concejal sostiene que un mismo proveedor habría recibido contratos por esa suma mediante distintos consorcios, principalmente canalizados a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Este esquema, de acuerdo con su interpretación, habría permitido eludir restricciones contempladas en la normativa de contratación pública vigente.
Entre las irregularidades denunciadas, Aulestia cuestionó que se otorgaran nuevos contratos a proveedores que aún mantenían obras pendientes de entrega, situación que según él contradice el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las anomalías no se limitarían solo a ejecución de obras viales, sino que también abarcarían la adquisición de asfalto para proyectos municipales del territorio.
El funcionario también denunció que una empresa vinculada al proveedor investigado habría suministrado material desde una planta que presuntamente carecería de los permisos de funcionamiento requeridos en Quito. Aulestia afirmó que los allanamientos guardan relación directa con la denuncia por presunto peculado que presentó ante las autoridades competentes.
Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado públicamente que los USD 65 millones identificados por el concejal formen parte de la investigación en curso. Tampoco ha identificado a posibles responsables ni reportado personas detenidas. Los allanamientos coinciden con nuevas acusaciones contra la administración municipal, incluyendo una denuncia previa por presunto cobro de 'vacunas' a empleados municipales.
El lunes anterior, el alcalde Pabel Muñoz y otros funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía por supuesto cobro de comisiones a trabajadores municipales, cuyos recursos habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde. Muñoz y autoridades municipales rechazaron estas acusaciones y las calificaron como persecución política.
Estos eventos reflejan una escalada de cuestionamientos sobre la gestión municipal de Quito. Las investigaciones abarcan múltiples áreas de presunta irregularidad, desde contrataciones públicas hasta supuestos cobros indebidos a empleados, generando un escenario de tensión política y administrativo en la capital ecuatoriana.