Conforme a información de medios locales, los sentenciados en el escándalo de Sinohydro han presentado solicitudes para acceder a la suspensión condicional de la pena como mecanismo de litigación posterior al fallo. Sin embargo, esta petición enfrenta un obstáculo legal significativo: el delito de cohecho, uno de los principales cargos en la sentencia, está expresamente excluido de este beneficio según la normativa ecuatoriana.
La sentencia dictada en este caso contempla también una reparación integral individualizada para cada uno de los acusados. El monto total de estas reparaciones supera los 163 millones de dólares, distribuido según la responsabilidad establecida para cada sentenciado en el procedimiento judicial.
El caso Sinohydro, que involucra a varias figuras políticas ecuatorianas, ha generado procesos legales complejos en los que se han analizado presuntos actos de corrupción vinculados a proyectos de infraestructura. La exclusión del cohecho de mecanismos como la suspensión condicional refleja la gravedad con que la legislación trata este tipo de delitos relacionados con la corrupción estatal.