Daniella Camacho, magistrada de la Corte Nacional de Justicia, cuestionó públicamente su exclusión del proceso selectivo para elegir al próximo Fiscal General del Estado. Según informó en entrevista con un medio televisivo, fue sacada de la contienda durante la etapa de impugnaciones bajo el argumento de una supuesta falta de probidad, a pesar de haber obtenido la puntuación más alta en la fase de evaluación de méritos con 48 puntos de 50 posibles.
La jueza explicó que la razón de su descalificación fue haber presentado una excusa en el caso conocido como Las Torres, una investigación por delincuencia organizada que involucró a funcionarios de alto nivel del Estado. Camacho se apartó del proceso porque consideró que existía amistad íntima con uno de los imputados, cumpliendo así lo dispuesto en el Código Integral Penal, que impide que un magistrado conozca causas donde mediara tal circunstancia.
La descalificación de Camacho formó parte de una depuración más amplia del proceso: en total fueron excluidos 21 concursantes, dejando apenas cinco postulantes en carrera. Entre los que permanecen figura Leonardo Alarcón, fiscal general encargado, quien ahora lidera la lista con 46,5 puntos. Esta situación generó críticas de la magistrada, quien afirma que la exclusión de la mejor puntuada debilita la legitimidad del concurso.
La jueza manifestó su inconformidad señalando que cumplir con la ley no debería ser motivo de castigo. Argumentó que seis funcionarios decidieron unilateralmente descartar su candidatura sin considerar su trayectoria y aportes al servicio público. Camacho también advirtió que existe una brecha significativa entre su calificación y la del siguiente candidato, situación que podría afectar negativamente a la ciudadanía.
Camacho confirmó su intención de no desistir en su lucha por la Fiscalía General, anunciando que presentará una apelación ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La magistrada confía en que el máximo órgano de control actuará con lógica y priorizará el derecho al debido proceso, permitiéndole continuar en el concurso.
La apelación de Camacho plantea un debate sobre la interpretación de la probidad en los procesos de selección de magistrados. Mientras ella sostiene que seguir la norma constitucional y legal es lo correcto, los impugnadores sostienen que su excusa en el caso representa una falta de probidad. Este conflicto refleja tensiones más amplias sobre los criterios para designar a autoridades judiciales en Ecuador.