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Politica4 de septiembre de 2026 a las 9:27 p. m.

Defensa de Bucaram solicita postergar audiencia más de 21

Los abogados del expresidente pidieron diferir la comparecencia del 3 de septiembre y propusieron participación remota desde el hospital.

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Los abogados de Abdalá Bucaram presentaron una solicitud formal para diferir la audiencia programada para el 3 de septiembre por un plazo superior a 21 días. La petición, según fuentes judiciales, fue justificada en consideraciones de salud del expresidente, quien se encuentra internado recibiendo atención médica.
Como alternativa a la postergación, la defensa del exmandatario propuso que Bucaram comparezca de manera telemática desde el centro hospitalario donde está hospitalizado. Esta opción requeriría contar con la autorización y el visto bueno de los médicos tratantes para garantizar que su estado de salud lo permita.
La estrategia legal busca conciliar los requerimientos del proceso judicial con la condición médica actual del procesado. La presentación de esta moción representa uno de los movimientos más recientes en un caso que ha generado seguimiento mediático constante desde hace varias semanas.
Hasta el momento, no se ha conocido una resolución por parte del tribunal competente respecto a la solicitud de la defensa. Los jueces deberán evaluar tanto la viabilidad de la postergación como la validez de la participación remota según los protocolos establecidos en el código procesal ecuatoriano.
El caso continúa siendo materia de seguimiento judicial, y cualquier decisión sobre la audiencia podría significar cambios en el cronograma procesal establecido. La salud de Bucaram ha sido un factor considerado en varias ocasiones dentro de este proceso legal que mantiene la atención de diversos sectores del país.
La defensa ha mantenido una posición consistente en argumentar que las condiciones médicas del expresidente requieren consideraciones especiales en el tramitaje del proceso. Mientras tanto, las autoridades judiciales analizan los antecedentes presentados para tomar una decisión que respete tanto los derechos procesales como las garantías de salud del imputado.

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