Autoridades ecuatorianas desmantelaron una estructura de corrupción dentro del Ministerio de Educación tras una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía. El 13 de octubre de 2026, agentes allanaron las instalaciones del organismo en Quito y dos domicilios particulares, resultando en la detención de tres funcionarios investigados por concusión. La investigación, denominada operación 'Minedec', fue activada luego de que una empleada denunciara los hechos a la ministra de Educación, Gilda Alcivar, quien informó a la Secretaría de Integridad Pública y al Ministerio del Interior.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los implicados operaban un esquema donde solicitaban pagos de entre USD 1.500 y USD 5.000 para gestionar puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas. La cifra exacta dependía del tipo de cargo solicitado. Los funcionarios presuntamente ofrecían estos servicios con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos, aprovechando sus posiciones dentro del ministerio.
El principal sospechoso, identificado como Ayala R., trabajaba en el área de mantenimiento del ministerio. A pesar de su cargo de bajo rango jerárquico, mantenía bajo su control movimientos económicos injustificados por aproximadamente USD 1 millón, según reportes del Ministerio del Interior. Los otros dos detenidos fueron Ochoa N., quien laboraba en conducción, y Félix P., asignado a servicios generales. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la formulación de cargos y rendición de versiones.
El descubrimiento de esta red evidencia vulnerabilidades en los sistemas de control interno del ministerio. La denuncia inicial de una funcionaria fue clave para activar la investigación, lo que destaca la importancia de los mecanismos de denuncias internas en instituciones públicas. La ministra Alcivar actuó rápidamente canalizando la información hacia las autoridades correspondientes, demostrando compromiso con la integridad institucional.
Las autoridades advierten que este caso podría ser la punta del iceberg. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que se llevarán a cabo operativos adicionales en otras instituciones del Estado donde se presume podrían existir esquemas similares de venta de puestos. Esta declaración sugiere que la corrupción administrativa podría estar más extendida de lo que se pensaba en diferentes carteras de gobierno.