El presidente Daniel Noboa anunció durante una entrevista radial que el Gobierno implementará una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre en varias provincias de la Costa ecuatoriana. La medida incluirá restricciones horarias de circulación similares a las aplicadas en meses anteriores, como parte de la estrategia para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico.
Durante su intervención, Noboa destacó los resultados obtenidos con operativos previos, afirmando que estas acciones han permitido capturar a líderes de importantes estructuras criminales. Según el mandatario, entre los detenidos se encuentran cabecillas de la Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y la mafia albanesa, organizaciones que operan en Ecuador y la región.
El Gobierno reportó incautaciones significativas en septiembre, con más de ocho toneladas de droga decomisadas. Noboa indicó que esta cantidad representaría un perjuicio económico de aproximadamente 400 millones de dólares para las economías de los grupos criminales, demostrando el impacto de las operaciones en sus cadenas de suministro.
Respecto a la reducción de delitos, el presidente enfatizó que durante el último toque de queda aplicado del 17 al 30 de septiembre en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí se registró una disminución del 40 por ciento. Los homicidios bajaron progresivamente, alcanzando cifras de 146, 127, 122 y 111 casos en las últimas semanas del mes, representando los números más bajos del año.
Además de los homicidios, Noboa señaló que se observa una reducción en los casos de extorsión, otro delito que ha afectado gravemente a la población y economía. El mandatario enfatizó que sus conclusiones se basan en datos estadísticos y que, según su análisis, las medidas de emergencia están produciendo resultados positivos.
Los toques de queda previos se aplicaron durante horarios específicos, generalmente entre medianoche y las cinco de la mañana, permitiendo operativos concentrados en momentos estratégicos. Esta metodología responde a la evaluación del Gobierno sobre cuándo se concentra la actividad criminal y delictiva en las zonas costeras afectadas.