La Fiscalía de Pichincha y la Policía ejecutaron este miércoles 21 de octubre tres allanamientos como parte de una investigación previa por presunto peculado en la Alcaldía de Quito. Las intervenciones abarcaron oficinas del Municipio, las instalaciones de un consorcio ubicado en el cantón Rumiñahui y el despacho de un abogado particular. Según informó la institución fiscal, el operativo buscaba recabar indicios sobre irregularidades en procesos de contratación pública.
Las diligencias se centran en investigar la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados durante 2024. El monto total de estos convenios superaría los USD 4 millones. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la identidad de los posibles implicados ni ha reportado detenciones como resultado de los allanamientos realizados.
El timing de estas acciones es significativo: los allanamientos se ejecutaron apenas dos días después de que el alcalde Pabel Muñoz y otros funcionarios municipales fueran denunciados ante la Fiscalía por presunto cobro de «vacunas» a empleados del Municipio. Según la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, esos recursos habrían sido desviados para financiar la campaña de reelección del alcalde.
Las autoridades municipales han rechazado categóricamente las acusaciones. Tanto Muñoz como directivos de la Empresa de Pasajeros calificaron las denuncias de «persecución política» y negaron participación en los hechos investigados. Sin embargo, la Fiscalía continúa con sus diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
La investigación aún no ha definido si los allanamientos por el tema de contratos guardan relación con otras denuncias previas contra autoridades municipales. La Fiscalía de Pichincha no ha divulgado mayores detalles sobre el avance de las pesquisas ni sobre el estado de la investigación previa que respalda estas actuaciones.
Estos operativos se enmarcan en un contexto de tensión política en el Municipio capitalino. La administración Muñoz ha enfrentado múltiples cuestionamientos en los últimos meses sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras. La ciudadanía y sectores políticos demandan mayor transparencia en los procesos de contratación pública municipal.
**Nota: Este texto es un resumen sintético de información de fuentes externas y debe ser verificado por un editor antes de su publicación. Se requiere confirmación de los datos, declaraciones adicionales de las partes involucradas y seguimiento de la investigación fiscal.**