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Politica3 de septiembre de 2026 a las 11:23 p. m.

Fiscalía solicita condena para "Gerente" por lavado de casi 400 millones de dólares

Roberto Carlos Álvarez Vera, presunto líder de Comandos de la Frontera, enfrenta juicio por movilizar recursos ilícitos a través de una estructura empresarial y familiar.

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Tras más de una semana de audiencias, el Ministerio Público cerró su acusación contra la presunta red de lavado de activos liderada por alias "Gerente". Roberto Carlos Álvarez Vera, identificado como una de las principales figuras de Comandos de la Frontera —grupo armado vinculado a disidencias de las FARC—, es acusado de encabezar una estructura que habría introducido recursos ilícitos en el sistema financiero ecuatoriano. La investigación abarca un periodo de aproximadamente diez años, entre 2015 y 2025.
Según la teoría de la Fiscalía, los imputados utilizaron un andamiaje de empresas registradas ante el Servicio de Rentas Internas para disfrazar el origen de fondos presuntamente ilícitos. La estructura habría movilizado alrededor de USD 397,8 millones, transformándolos en diferentes tipos de bienes. Durante este período, los integrantes del grupo adquirieron aproximadamente USD 3 millones en vehículos y enseres, USD 8,6 millones en especies ganaderas, y propiedades inmuebles valuadas entre USD 200.000 y USD 20 millones por procesado.
Para respaldar su acusación, el Ministerio Público presentó pericias de avalúo, análisis contables y financieros, así como estudios veterinarios y zootécnicos que documentan la acumulación de bienes. Parte de la estructura familiar investigada ya fue declarada culpable en 2025 por delincuencia organizada vinculada al tráfico internacional de drogas. Álvarez Vera fue capturado en Dubái y extraditado a Ecuador el 29 de diciembre de 2025, permaneciendo actualmente en prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.
La Fiscalía solicita al tribunal declarar la culpabilidad de los 17 procesados por lavado de activos, con penas que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión conforme al Código Orgánico Integral Penal. Además de las sanciones penales y multas correspondientes, el Ministerio Público pidió el comiso de todos los bienes relacionados con la causa y la disolución de las cinco empresas involucradas en la operación ilícita.

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