En una audiencia celebrada ante la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado solicitó medidas cautelares contra siete nuevas personas vinculadas al caso Blindado, investigación que indaga presunto lavado de activos por aproximadamente 7,5 millones de dólares. El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, presentó elementos de convicción que habrían permitido ampliar el círculo de imputados en el caso que originalmente involucraba al alcalde de Esmeraldas y otros funcionarios.
Para tres jueces provinciales identificados como Carlos A., Simón M. e Iván S., el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida cautelar. Mientras tanto, para otros cuatro investigados —Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O.— pidió arresto domiciliario con vigilancia electrónica. La jueza suspendió temporalmente la audiencia para deliberar sobre estas solicitudes, determinando reanudar el martes 2 de septiembre para conocer su decisión.
Según la investigación fiscal iniciada en noviembre de 2025, los recursos presuntamente desviados habrían llegado al círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, empresas vinculadas, cuentas en el exterior y la adquisición de propiedades. Las tres personas jurídicas incorporadas al caso enfrentan solicitudes de congelamiento de fondos y prohibición de enajenar bienes. La hipótesis fiscal apunta a la existencia de una estructura organizada para obtener y aprovechar indebidamente fondos públicos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que ya tiene como procesados al alcalde Vicko Alfredo V.T. y otros siete individuos, totalizando dieciséis personas implicadas hasta el momento. La resolución que emita la jueza determinará las condiciones bajo las cuales estos nuevos vinculados permanecerán mientras continúa el análisis de los elementos de convicción recopilados por la Fiscalía. *[NOTA: Este es un borrador basado en información de Vistazo; requiere verificación editorial antes de publicación]