José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, ha escalado la situación de la crisis energética en Ecuador al solicitar la intervención de autoridades para forzar la desconexión de veinte empresas industriales del Sistema Nacional Interconectado. Según el funcionario, estas compañías mantienen conexiones activas a pesar de las disposiciones gubernamentales, comprometiendo el abastecimiento destinado a hogares ecuatorianos.
Desde el 12 de octubre, el Ejecutivo implementó un esquema de cortes programados diferenciados por voltaje. Los clientes de alto voltaje están programados para desconexiones los lunes, martes y miércoles, mientras que los de medio voltaje lo hacen entre miércoles y viernes. Neira publicó públicamente la lista de incumplidores con el propósito de presionar el acatamiento de estas medidas.
La tensión se incrementó cuando varias distribuidoras notificaron a usuarios sobre desconexiones extendidas entre el 14 y 20 de octubre. Sin embargo, Neira descartó que se efectuaran cortes de siete días consecutivos, reafirmando que el cronograma de tres días semanales busca evitar la saturación de la red pública y proteger el suministro residencial.
Las restricciones eléctricas responden a una disminución crítica en las reservas hídricas de los embalses del país. El nivel del agua en Mazar, principal reservorio generador de energía, ha caído significativamente, limitando la capacidad de producción nacional. Esta situación ha obligado al gobierno a implementar medidas cada vez más restrictivas en sectores industriales.
El presidente Daniel Noboa ha insistido en que ningún hogar ecuatoriano sufrirá cortes de electricidad, priorizando así el consumo doméstico sobre el industrial. No obstante, expertos han advertido sobre la gravedad de la situación hídrica y cuestionan la sostenibilidad de mantener esta garantía si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos meses.
La medida de buscar intervención policial marca un punto de quiebre en la estrategia gubernamental, evidenciando que los llamados voluntarios a las industrias no han sido suficientes. Las autoridades ahora consideran que la coerción legal es necesaria para garantizar que los cortes programados se cumplan efectivamente y protejan el servicio a la población civil.