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Politica6 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m.

Jueza ordena prisión preventiva para prefecta de Santo

Johana Núñez enfrenta medida cautelar por investigación de incremento patrimonial irregular.

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Una jueza dictó prisión preventiva en contra de Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco de una investigación por supuesto incremento patrimonial irregular. La medida cautelar fue adoptada tras la presentación de pruebas que sugieren el crecimiento anómalo de los bienes de la funcionaria durante su permanencia en el cargo.
La autoridad local enfrenta acusaciones relacionadas con un enriquecimiento que no podría explicarse legítimamente a partir de sus ingresos como servidora pública. Este tipo de investigaciones son frecuentes en Ecuador cuando hay indicios de que funcionarios han adquirido bienes o recursos de manera desproporcionada a sus emolumentos oficiales.
La decisión de la jueza representa una escalada en el proceso judicial iniciado contra la prefecta. La prisión preventiva es una medida cautelar que busca asegurar la comparecencia de la investigada ante la justicia y evitar posibles obstrucciones al proceso judicial.
Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada en la región noroccidental del país, ha sido escenario de diversos procesos anticorrupción en los últimos años. La provincia ha registrado múltiples casos de funcionarios locales investigados por irregularidades administrativas y presuntos delitos de corrupción.
La Fiscalía continuará recopilando evidencia sobre el patrimonio de Núñez y sus posibles fuentes de financiamiento. Estos casos suelen incluir análisis detallados de transacciones bancarias, adquisiciones de propiedades y otros movimientos financieros que puedan establecer el origen de los recursos.
La prefecta ahora permanecerá bajo custodia mientras avanza la investigación. El caso será seguido en los tribunales competentes, que determinarán si existe responsabilidad penal en los hechos investigados durante los próximos meses.
Este proceso refleja los esfuerzos institucionales por investigar posibles actos de corrupción en la función pública. La medida cautelar adoptada es considerada como un avance significativo en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en la administración local.

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