Decenas de familiares de personas desaparecidas durante intervenciones de fuerzas militares llegaron hasta Carondelet para exigir transparencia en la investigación de sus casos. Según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, al menos 53 personas habrían desaparecido presuntamente tras operativos de agentes estatales, cifra que podría ser superior considerando la clasificación de algunos casos como desapariciones involuntarias en lugar de forzadas.
En junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado ecuatoriano desclasificar información sobre las operaciones, unidades y personal involucrado en estos hechos. La CIDH enfatizó que la falta de datos obstaculiza las investigaciones penales y vulnera el derecho de las familias a conocer la verdad. A pesar de esta disposición internacional, el Ministerio de Defensa ha mantenido su posición de mantener estos documentos como reservados.
Los casos documentados incluyen desapariciones ocurridas entre 2024 y lo que va de 2025 en provincias como Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Historias como la de Dalton Ruiz, interceptado por una patrulla militar en octubre de 2024, o la de Cirilo Minota, detenido durante un operativo en abril del mismo año, permanecen sin esclarecerse. Las familias reportan que los militares se niegan a proporcionar información sobre el paradero de los desaparecidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que podrían activar acciones legales ante la Corte Constitucional si el Ministerio de Defensa no responde en 40 días. Además, preparan una demanda de desclasificación, caracterizando estos casos como "crímenes sistemáticos y generalizados" que habrían ocurrido en la región costera durante el conflicto armado interno declarado por el Estado.