El ministro del Interior, John Reimberg, defendió este viernes la operación conjunta entre Ecuador y Estados Unidos que resultó en el hundimiento de dos embarcaciones en el océano Pacífico, asegurando que no se trata de un acto arbitrario sino de una acción fundamentada en investigaciones previas. Según Reimberg, los operativos de este tipo responden a análisis de inteligencia que vinculan las naves con actividades criminales organizadas.
El Comando Sur estadounidense informó el pasado tres de septiembre que interceptó una embarcación que operaba como estación de reabastecimiento flotante para operaciones de tráfico de drogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental. La entidad norteamericana señaló que la inteligencia confirmó la vinculación con Los Choneros, organización narco-terrorista. Según el relato oficial, estas naves funcionan como logística para embarcaciones pequeñas cargadas de drogas que luego se distribuyen hacia puertos mexicanos y Estados Unidos.
En entrevista con Teleamazonas, Reimberg explicó que no se actúa ante la primera sospecha, sino que las embarcaciones deben ser evaluadas por su historial de uso en operaciones ilícitas. Aclaró que ya están trasladando a los tripulantes rescatados a Manta, refiriéndose a nueve integrantes de la embarcación 'Conquista II' y diecinueve de la 'OM2'. La Armada ecuatoriana desplegó medios navales para acompañar el retorno de los marineros hacia puerto.
Sin embargo, las familias de los pescadores rechazan categóricamente los argumentos del gobierno y mantienen plantones desde hace dos días exigiendo que los tripulantes sean entregados sanos y salvos. Los parientes cuestionan cualquier vínculo de las naves con narcotráfico y disputan la ubicación reportada de las embarcaciones, argumentando que estaban a 254 millas náuticas de Manta, dentro de territorio nacional y no en aguas internacionales como aseguran las autoridades.
Manifestantes se congregaron el viernes en los exteriores de la Capitanía del Puerto de Manta con carteles denunciando abuso contra los pescadores. Las consignas incluían peticiones por la aparición con vida de los tripulantes y protestas contra lo que califican como atropellos a trabajadores del sector pesquero. Este caso genera tensión entre ambas naciones respecto a los límites de las operaciones conjuntas.
No es un caso aislado. Meses atrás desaparecieron ocho tripulantes del barco Fiorella que zarparon en enero desde costas ecuatorianas, lo que generó denuncias internacionales. Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado investigaciones sobre la presunta participación estadounidense en operaciones similares, cuestionando la transparencia y legalidad de estos procedimientos en coordinación con Ecuador.
La situación refleja una tensión creciente entre la cooperación contra el narcotráfico y las preocupaciones sobre derechos humanos. Mientras el gobierno ecuatoriano enfatiza la necesidad de acciones conjuntas contra el crimen organizado, sectores de la sociedad y organismos internacionales demandan mayor claridad en los criterios de intervención y mayor protección a ciudadanos civiles involucrados en faenas pesqueras.