El proyecto de Ley de Seguridad Vial avanza hacia su segundo debate legislativo con propuestas que buscan ordenar la circulación de scooters y motos eléctricas mediante un registro obligatorio. La iniciativa también introduce controles específicos para los servicios de delivery, sector que ha crecido significativamente en los últimos años en el país.
Una de las consecuencias más relevantes del proyecto es que los municipios que no cumplan con ciertos parámetros de gestión del tránsito podrían perder competencias en esta materia. Esto implicaría una centralización mayor del control vial en manos del nivel nacional, modificando la distribución actual de responsabilidades.
Sin embargo, el informe genera críticas de organizaciones civiles, quienes solicitaban modificaciones que no fueron incluidas. Entre estas están el endurecimiento de sanciones para conductores bajo efectos del alcohol y ajustes en los límites de velocidad permitidos, medidas que se consideraban necesarias para mejorar la seguridad vial.
El debate en la Asamblea deberá equilibrar las demandas de regulación de nuevas formas de transporte urbano con las presiones por fortalecer mecanismos de seguridad que, según sectores ciudadanos, aún resultan insuficientes frente a la realidad actual del tránsito.