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Economía5 de septiembre de 2026 a las 12:07 p. m.

Solo 2 de cada 10 repartidores en Quito se registran

El municipio busca endurecer controles sobre deliveries con una nueva normativa legal.

Solo 2 de cada 10 repartidores en Quito se registran

El Universo

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La informalidad sigue siendo un problema central en el sector de entregas a domicilio en Quito. Según reportes del municipio capitalino, apenas 2 de cada 10 repartidores se han registrado voluntariamente en el sistema municipal de control, una cifra que refleja la dificultad de regularizar esta actividad económica que crece sin regulación clara.
El proyecto municipal cuenta actualmente con aproximadamente 4.000 repartidores inscritos, un número que resulta insuficiente considerando la cantidad real de personas que trabajan en entregas en la ciudad. Esta brecha entre registrados e informales evidencia que muchos trabajadores operan sin cumplir requisitos básicos de formalización ni protecciones laborales.
Ante esta realidad, las autoridades locales trabajan en una nueva normativa legal que endurecería significativamente los controles sobre el sector. La ausencia de una ley específica ha limitado hasta ahora la capacidad de sancionar a quienes operan de manera irregular, generando una situación donde los repartidores no formalizados pueden continuar trabajando sin consecuencias inmediatas.
La iniciativa municipal busca cerrar los vacíos legales que permitían el funcionamiento desregulado de aplicaciones y plataformas de delivery. Con la nueva ley se espera establecer sanciones efectivas, requisitos de registro obligatorio y condiciones laborales mínimas que protejan tanto a trabajadores como a usuarios del servicio.
Los desafíos para implementar esta regulación son significativos: requiere coordinación entre la administración municipal, plataformas digitales y trabajadores del sector. Además, la resistencia de quienes operan informalmente y la necesidad de no afectar gravemente el empleo en este rubro generan tensiones en el proceso de formalización.
El caso de Quito refleja un problema más amplio en Ecuador y América Latina, donde el crecimiento explosivo del comercio electrónico ha superado la capacidad regulatoria de los gobiernos locales, dejando a miles de trabajadores en una zona gris legal donde gozan de pocas protecciones.

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