Augusto Barrera, quien fue enlace del gobierno de Rafael Correa durante la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008), reconoció públicamente que la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) representó un error institucional. En entrevista con Vistazo, el exalcalde de Quito y exdirector de la Senescyt expresó "con todas las palabras y las letras" esta valoración crítica sobre uno de los cambios más importantes de la Constitución vigente desde 2008.
El CPCCS fue concebido como un organismo de siete consejeros encargado de dirigir concursos ciudadanos para elegir autoridades de control, incluyendo al Contralor, Fiscal general, Procurador y superintendentes. La intención era romper con la práctica anterior, cuando el Congreso recibía ternas y los partidos políticos negociaban mediante intercambio de favores para lograr mayorías. El objetivo era trasladar la selección de estas autoridades a la ciudadanía, evitando así los pactos políticos tradicionales.
Sin embargo, Barrera detectó hace "ocho o diez años" que el esquema no funcionaba como se había planeado. Aunque inicialmente los consejeros fueron elegidos mediante concursos con participación ciudadana, la mayoría de integrantes resultaron afines al movimiento político gobernante. Esta tendencia se agudizó durante la transición entre los mandatos de Correa y Lenín Moreno, especialmente tras la consulta popular de febrero de 2018 que modificó sustancialmente la estructura del organismo.
Desde esa reforma, los consejeros se eligen por voto popular directo, pero esto generó nuevos problemas. El CPCCS experimentó un período de inestabilidad caracterizado por destituciones, crisis internas, pactos fallidos y denuncias mutuas entre sus miembros. Este deterioro institucional debilitó progresivamente la legitimidad del organismo, que forma parte del llamado 'quinto poder' creado por la Constitución de 2008, convirtiendo al Consejo finalmente en un botín de negociación con gobiernos de turno.
La trayectoria política de Barrera también refleja las transformaciones institucionales del país. Tras ganar la Alcaldía de Quito en 2009 con su gestión enfocada en proyectos como el Metro y la activación del aeropuerto de Tababela, buscó reelección pero fue derrotado en lo que se interpretó como un rechazo electoral al gobierno de entonces. Recientemente, en 2026, anunció intenciones de buscar nuevamente la Alcaldía de Quito pero desistió en mayo, citando entre sus preocupaciones las modificaciones a las reglas electorales en un contexto de debilitamiento institucional nacional.
Este domingo 29 de noviembre, los ecuatorianos acudirán a votar para elegir el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. En esta ocasión, 65 postulantes competirán por los cargos disponibles mediante tres papeletas separadas: una con 26 candidatas mujeres, otra con 38 aspirantes hombres, y una tercera con candidatos de pueblos indígenas, aunque solo una persona fue calificada para esta última categoría.
Los electores podrán escoger un máximo de tres mujeres, tres hombres y una representante indígena, siendo nulo el voto que supere los siete candidatos seleccionados. La elección ocurre en un contexto donde la credibilidad del CPCCS ha sido erosionada por años de conflictividad institucional, reflejando las limitaciones que reconoce Barrera respecto al modelo implementado hace casi dos décadas en la Constituyente de Montecristi.