A partir del próximo domingo, cinco provincias de la Costa ecuatoriana volverán a estar bajo restricción nocturna. El Gobierno Nacional ha decretado un nuevo toque de queda que regirá entre las 0h00 y las 5h00, del 1 al 10 de noviembre, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Se trata de la cuarta medida de este tipo que implementa el régimen de Daniel Noboa durante 2026, reflejando la persistencia de la crisis de seguridad en el país.
Durante este período, la Policía y las Fuerzas Armadas intensificarán operativos en zonas calificadas como críticas, realizando allanamientos en inmuebles donde presuntamente se esconden miembros de bandas delictivas. El presidente Noboa justificó la medida argumentando que busca reducir riesgos para civiles durante intervenciones contra la criminalidad. Desde enero de 2024, cuando declaró la guerra a las organizaciones criminales denominándolas terroristas, el mandatario ha emitido sucesivos estados de excepción que restringen libertades fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito.
Las cifras de violencia en Ecuador presentan un panorama mixto. Aunque los homicidios disminuyeron en 2024, repuntaron significativamente en 2025 con un récord de 9.283 asesinatos, a pesar de haber decretado al menos dos períodos de restricción. Noboa afirmó que el toque de queda de septiembre generó un 40 por ciento menos de delitos y registró las semanas con menor número de homicidios del año. Sin embargo, especialistas advierten que estos resultados son puntuales y temporales.
Luis Córdova-Alarcón, director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, señala que cuando las restricciones finalizan, los crímenes vuelven a repuntar. Tras el toque de queda de mayo, los asesinatos bajaron levemente en junio de 714 a 697, pero repuntaron a 723 en julio y 779 en agosto. El especialista enfatiza que en la Costa hay un descontrol de la violencia criminal, particularmente en El Oro, provincia fronteriza con Perú que registra la tasa más alta del país con 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Expertos advierten que estas medidas responden también a cálculos electorales. Con las elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre, el Gobierno busca proyectar una imagen de acción frente a la inseguridad de cara a los comicios. Córdova-Alarcón señaló que el oficialismo necesita mostrar que está intentando contrarrestar la violencia, especialmente en ciudades clave como Quito y Guayaquil, donde enfrenta una fuerte oposición encabezada por el correísmo.
El académico señala que no puede desvincularse el ciclo electoral del énfasis gubernamental en seguridad. En los últimos tres años bajo Noboa ha habido tres procesos electorales, dos de ellos referéndums, lo que ha convertido la seguridad en parte central de la agenda gubernamental y electoral. No obstante, advierte que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado evitar que jóvenes sigan siendo reclutados por organizaciones criminales.
Este nuevo toque de queda se inscribe en una estrategia de control que ha combinado estados de excepción sucesivos con operativos militares y policiales. Aunque el Gobierno destaca resultados puntuales en la reducción de delitos, la tendencia general muestra que la violencia se ha mantenido en niveles críticos, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad y efectividad real de estas restricciones de derechos fundamentales como herramienta de política criminal.