Diego Guarderas, representante legal de Luisa González, presentó una apelación escrita contra la medida de prisión preventiva que un juez le impuso el viernes pasado. La decisión llega en el marco de la investigación denominada 'Laberinto', en la que la Fiscalía General del Estado imputa a la excandidata presidencial opositora lavado de activos relacionado con el manejo de recursos de su campaña electoral de 2023.
Desde el pasado viernes, González permanece recluida en la cárcel de Riobamba. Sin embargo, su abogado expresó que el tribunal que conozca la apelación podría autorizar medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salida del país. Guarderas argumentó que su representada no representa riesgo procesal y está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones en todo momento.
La defensa también alegó afectaciones a derechos fundamentales. Guarderas señaló que mantener encarcelada a González vulnera los derechos de su hijo adolescente y de su padre, quien padece una enfermedad renal de carácter catastrófico. Además, solicitó que se respete su dignidad en la prisión y se le garantice acceso a la dieta y medicinas que requiere por razones de salud.
González fue detenida en la madrugada del jueves pasado como resultado de investigaciones sobre la financiación de su primera campaña electoral. Perdió en segunda vuelta ante el presidente Daniel Noboa tanto en las elecciones de 2023 como en las de 2025. Las indagaciones de la Fiscalía buscan determinar si recursos provenientes de Venezuela fueron utilizados para financiar su movimiento político.
En el caso 'Laberinto', la Fiscalía también investiga si se utilizaron fondos de empresas vinculadas a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil actualmente encarcelado. Álvarez fue condenado en primera instancia por presunta comercialización ilícita de combustibles a través de estaciones de servicio de su propiedad. El abogado de González niega rotundamente cualquier conexión de su representada con estas tramas.
Este caso ha generado consecuencias políticas significativas. La Revolución Ciudadana, movimiento correísta al que pertenece González, fue suspendida por solicitud de la Fiscalía e impedida de participar en las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre. Con esta medida, el correísmo no podrá contender bajo su marca en las contiendas por prefecturas y alcaldías de principales ciudades como Quito y Guayaquil.
Guarderas afirmó que no existe elemento probatorio alguno que vincule a su cliente con los supuestos ilícitos mencionados en la acusación oficial. El letrado indicó haber visitado a González en la cárcel, quien según él mantiene una postura firme y aseguró que es consciente de su inocencia, esperando que se respeten sus derechos durante el proceso.