La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, salió al paso de las acusaciones sobre interferencia estatal en asuntos judiciales, reafirmando que la administración de Daniel Noboa mantiene respeto por la separación de poderes. Sus declaraciones llegan después de que surgieran cuestionamientos sobre la independencia de funciones en el país, especialmente tras el caso de Luisa González y la investigación conocida como Laberinto.
El punto de quiebre fue la publicación de un video por José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, en el cual expone detalles de la instrucción fiscal del caso Laberinto, incluyendo hipótesis de investigación y mensajes de chat que forman parte de la carpeta fiscal. La divulgación ocurrió antes de que el propio Ministerio Público presentara sus alegatos en el proceso, lo que despertó críticas de políticos y periodistas sobre la neutralidad institucional.
Comentaristas internacionales como Fernando del Rincón, presentador de CNN, calificaron la difusión de información como un "despropósito" que compromete la transparencia procesal. Las dudas sobre imparcialidad se intensificaron por el contexto político: la detención de González, líder de la Revolución Ciudadana, ocurrió poco antes de las elecciones seccionales, justo cuando ese movimiento fue suspendido y excluido de la contienda electoral.
En su defensa, Morillo aclaró que la Secretaría de la Administración Pública accede a información de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) porque maneja datos relacionados con investigaciones por lavado de activos. Sin embargo, enfatizó que toda esa información se remite al Ministerio Público para que continúe con los procedimientos correspondientes, negando que el Gobierno intervenga en decisiones judiciales.
La ministra argumentó además que las investigaciones de la Fiscalía no pueden detenerse por la existencia de procesos electorales. Rechazó categóricamente las acusaciones de persecución política contra la Revolución Ciudadana, insistiendo en que el Gobierno "no persigue a nadie" y que su enfoque está en resultados de gestión pública, como la atención del Fenómeno de El Niño.
Morillo concluyó su descargo señalando que el Ejecutivo respeta la función judicial y apenas pide "transparencia y celeridad" en los procesos. Sus palabras intentan despejar la preocupación de observadores locales e internacionales sobre la autonomía del sistema judicial ecuatoriano frente a posibles presiones políticas durante investigaciones de alto perfil.
El caso Laberinto, vinculado a presunto lavado de dinero en la campaña electoral correísta de 2023, continúa bajo escrutinio público precisamente porque combina elementos de investigación penal, política electoral y una detención preventiva que ha generado debate sobre los criterios de la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana.