En la madrugada del 27 de octubre, la Fiscalía General del Estado ejecutó una operación de allanamientos dirigida contra exfuncionarios del Municipio de Cuenca como parte de una investigación preliminar por presunto peculado. El operativo abarcó domicilios y oficinas, y tuvo como objetivo incautar bienes y recabar indicios sobre posibles irregularidades administrativas. Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado si hubo personas detenidas durante la operación.
La investigación se enfoca en una presunta estructura que habría cometido irregularidades durante una administración municipal anterior en la ciudad. Los allanamientos buscan esclarecer anomalías en la adjudicación de contratos de obra pública, especialmente aquellos relacionados con proyectos hospitalarios. La entidad investigadora mantiene reserva sobre detalles específicos del caso, mientras continúa recopilando evidencia.
A inicios de octubre, la Secretaría General de Integridad Pública presentó ante la Fiscalía tres denuncias por peculado relacionadas con contratos para los hospitales de El Valle, Baños y Ricaurte en Cuenca. Los procesos investigados superarían los USD 2,4 millones y, según las denuncias, involucran a consorcios que habría contratado como proveedores a empresas vinculadas con el exalcalde suspendido Cristian Zamora y su círculo familiar.
Las investigaciones apuntan a un patrón donde el Municipio habría adjudicado contratos a determinados consorcios, que posteriormente contrataron a compañías relacionadas con Zamora o con integrantes de su entorno. La Secretaría identificó supuestos nexos con Zamora Matute, integrantes de las familias Matute-Zamora, Zamora-Cabrera y Castro-Villacís, además de las empresas Alfa Holding, Ismovid y La Rioja.
El Municipio de Cuenca, a través de un comunicado oficial, expresó que considera la situación como "decepcionante para la ciudad" y manifestó su disposición a colaborar plenamente con las autoridades. La alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, reiteró el compromiso institucional de brindar toda la colaboración necesaria para esclarecer los hechos.
La Secretaría General de Integridad Pública remitió tres denuncias separadas a la Fiscalía, una por cada proceso de contratación pública investigado. Este tipo de operativos refleja los esfuerzos del Estado por combatir la corrupción administrativa a nivel municipal, aunque los detalles específicos sobre avances en la investigación aún permanecen bajo reserva.
El caso forma parte de una serie de investigaciones que han impactado a la administración pública ecuatoriana en los últimos meses, evidenciando la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y control en la contratación estatal. La Fiscalía continuará con sus diligencias para determinar las responsabilidades de los involucrados.